El constante y doloroso conflicto que estremece al Perú en su región de
la sierra norte, Cajamarca, enfrentada a la actividad minera. Análisis
de una realidad y propuestas que pueden contribuir a mejorar el crítico
escenario.
El título de este artículo está lejos de ser original. Es más bien un
eco provocado por el constante y doloroso conflicto que estremece al
Perú en su región de la sierra norte, Cajamarca. Perú es una nación rica
en metales y minerales, con gran potencial de desarrollo en base a su
riqueza natural. Tampoco es un tema nuevo.
Ya en octubre del 2011 se publicó en este mismo medio el artículo "Para
que poseas la tierra", el cual enfatizaba el derecho de los esquimales
de Alaska, nativos de la zona, a ser tomados en cuenta por COMINCO,
empresa minera canadiense de gran importancia mundial.
El artículo describía cómo la empresa y el Estado Norteamericano
tuvieron que "portarse" con los nativos, y así convenir no sólo en el
cuidado adecuado del agua, la flora y la fauna zonal, sino en varios
añadidos que en realidad deberían considerarse fundamentales en el
derecho referente a comunidades nativas. El modelo Perro Rojo, tal como
cité al autor original en octubre pasado, incluía un esquema de
participación societaria de las corporaciones nativas en la empresa
minera.
Los autores del artículo comparaban ese caso al de los nativos de
Bolivia, quienes se han resistido a todo lo que signifique extracción y
por ende progreso desde que las mineras, luego de explotar las minas de
estaño en Potosí, dejaron a la población sumida en la pobreza cuando el
mercado del estaño cayó en los años 80.
Ese artículo comparando a Perro Rojo con Potosí se escribió hace ya
siete años, pero los conflictos, lejos de solucionarse inteligentemente,
siguen dándose en un marco de tensión social que no sólo deja víctimas,
muertos, heridos y daños materiales, ya no sólo en Bolivia. Al ritmo
continuado de "Conga va" y "Conga no va", el Perú se estremece con
división social y debate político, ante la decisión frontal de la
población de Cajamarca, que se resiste a la continuación del esquema
empresarial con el cual ha permanecido la miseria, la muestra de la
injusticia en el Perú.
Cajamarca es el segundo departamento con índice más alto de pobreza del
país. Problema que representa un peligro en tiempos en los que,
hastiados de ideologías infructuosas, el país hace coro con otras
naciones latinoamericanas tratando de dejar atrás una historia
republicana de ya casi doscientos años, pletórica de inequidad y de
gobiernos a espaldas de los derechos de las mayorías. Peligro, sí,
porque para salir adelante, naciones emergentes latinoamericanas como
Perú necesitan alejarse completamente del resentimiento que obstaculiza
el desarrollo, a la par que logran deshacerse de viejos esquemas que, no
por estar mundialmente aceptados o así pretenden aquellos a quienes les
conviene el lobby y la co(i)misión- son correctos.
Y es aquí donde tenemos que tomar al toro por las astas. Hasta el
momento, solo un par de voces se han levantado con algo distinto y clave
y han sido desoídas. Y es que, siendo clave, también son difíciles de
escuchar, a menos que se tenga la famosa "voluntad política" que es en
realidad voluntad de actuar de acuerdo a cierta moral. Estas voces
han propuesto la participación societaria de la comunidad nativa. Con
ello, no sólo se da propiedad a la población nacional de la empresa
extractora, sino que el tenor del debate cambiaría radicalmente ya que
los nativos podrían empezar a hablar como accionistas de lo que es
conveniente para ambos, la empresa y la región. Obviamente, no es tema
preferido de empresarios ni gobiernos deseosos de ganancias que
favorezcan sus tan mentadas cifras macroeconómicas de crecimiento y de
otros tipos de "crecimiento" y conveniencias egoístas de sector no tan
comentados, por supuesto.
La Constitución Peruana, como muchas otras, empieza con una frase la
cual evoca al Dios del Cristianismo. Se asume que los principios y
valores portados por esa institución jurídica son por tanto bíblicos y
entre otros promueve la propiedad privada y el libre mercado, regulado
contra monopolios y cualquier condición no competitiva.
Pero no se puede parar de contar aquí. La realidad del resto de las
normas constitucionales es que el Estado es soberano sobre los recursos,
es decir propietario, lo que es anti bíblico y absolutamente
incoherente con un esquema libertario; también puede tomar iniciativa
empresarial, lo que es igualmente anti mercado y anti bíblico, y se ha
dado en parte por la falta de entendimiento de nuestros pueblos, por un
lado, de ideología, y por otro, de ignorar que las religiones son
maneras de ver la vida, es decir, son ellas mismas ideologías que se
instalan en una sociedad cuando la población las abraza, creando así
instituciones de acuerdo a esas creencias.
Debido a la particular falta de contenido de la religión en
Latinoamérica supuestamente cristiana el prólogo de la Constitución es
casi un absurdo, ya que en ella se combinan elementos de todo tipo de
origen, incluyendo el concepto "Estado propietario", el cual da lugar a
toda clase de situaciones difíciles, facilitando el acuerdo a espaldas
del pueblo, de gobiernos débiles o convenidos con empresas poco o nada
identificadas con la nación. Es necesario revisar esos fundamentos, ya
que el resurgimiento de las etnias es un hecho irrevocable, señal de los
tiempos, y el esquema jurídico de no pocas naciones no facilita ni la
unidad de sus sectores ni el desarrollo productivo libertario e
inclusivo. La verdadera inclusión no empieza por redistribuir impuestos
de las actividades de otro sino por la distribución primaria de la
propiedad y con ella la posibilidad de constituirse en libre
emprendedor. Allí tenemos una verdadera razón para un referéndum
nacional y una reforma constitucional.
Debido a que la representatividad es tema débil en naciones de
tradición autoritaria y también porque los conflictos son tomados por
sectores socializantes como oportunidad para levantar sus banderas
ideológicas, la solución al conflicto permanece velada entre disputas
interminables que no llegan a tocar el meollo del asunto. Obviamente, no
se puede cambiar al Estado Propietario ni borrarlo de un plumazo de las
constituciones, pero sí se puede, con valor patriota, ya y de una vez
por todas, dejar de vender a la Patria y al futuro de su pueblo. Mejor
que discutir sobre cabeceras de cuenca es establecer que el verdadero
poseedor de ellas, obligado por el Derecho y también por su propia
conciencia y el compromiso con el futuro de sus propios hijos, sabrá
mejor que nadie cómo administrarlas.
No podemos calcular el beneficio histórico que algo así traería a los
pueblos. Es necesario ser verdaderamente inteligente… y creerle al Dios
que encabeza, paradójicamente, las constituciones de los pueblos
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