Tampoco hay perros rojos

El constante y doloroso conflicto que estremece al Perú en su región de la sierra norte, Cajamarca, enfrentada a la actividad minera. Análisis de una realidad y propuestas que pueden contribuir a mejorar el crítico escenario.

El título de este artículo está lejos de ser original. Es más bien un eco provocado por el constante y doloroso conflicto que estremece al Perú en su región de la sierra norte, Cajamarca. Perú es una nación rica en metales y minerales, con gran potencial de desarrollo en base a su riqueza natural. Tampoco es un tema nuevo.

 

Ya en octubre del 2011 se publicó en este mismo medio el artículo "Para que poseas la tierra", el cual enfatizaba el derecho de los esquimales de Alaska, nativos de la zona, a ser tomados en cuenta por COMINCO, empresa minera canadiense de gran importancia mundial.

 

El artículo describía cómo la empresa y el Estado Norteamericano tuvieron que "portarse" con los nativos, y así convenir no sólo en el cuidado adecuado del agua, la flora y la fauna zonal, sino en varios añadidos que en realidad deberían considerarse fundamentales en el derecho referente a comunidades nativas. El modelo Perro Rojo, tal como cité al autor original en octubre pasado, incluía un esquema de participación societaria de las corporaciones nativas en la empresa minera.

 

Los autores del artículo comparaban ese caso al de los nativos de Bolivia, quienes se han resistido a todo lo que signifique extracción y por ende progreso desde que las mineras, luego de explotar las minas de estaño en Potosí, dejaron a la población sumida en la pobreza cuando el mercado del estaño cayó en los años 80.

 

Ese artículo comparando a Perro Rojo con Potosí se escribió hace ya siete años, pero los conflictos, lejos de solucionarse inteligentemente, siguen dándose en un marco de tensión social que no sólo deja víctimas, muertos, heridos y daños materiales, ya no sólo en Bolivia. Al ritmo continuado de "Conga va" y "Conga no va", el Perú se estremece con división social y debate político, ante la decisión frontal de la población de Cajamarca, que se resiste a la continuación del esquema empresarial con el cual ha permanecido la miseria, la muestra de la injusticia en el Perú.

 

Cajamarca es el segundo departamento con índice más alto de pobreza del país. Problema que representa un peligro en tiempos en los que, hastiados de ideologías infructuosas, el país hace coro con otras naciones latinoamericanas tratando de dejar atrás una historia republicana de ya casi doscientos años, pletórica de inequidad y de gobiernos a espaldas de los derechos de las mayorías. Peligro, sí, porque para salir adelante, naciones emergentes latinoamericanas como Perú necesitan alejarse completamente del resentimiento que obstaculiza el desarrollo, a la par que logran deshacerse de viejos esquemas que, no por estar mundialmente aceptados o así pretenden aquellos a quienes les conviene el lobby y la co(i)misión- son correctos.

 

Y es aquí donde tenemos que tomar al toro por las astas. Hasta el momento, solo un par de voces se han levantado con algo distinto y clave y han sido desoídas. Y es que, siendo clave, también son difíciles de escuchar, a menos que se tenga la famosa "voluntad política" que es en realidad voluntad de actuar de acuerdo a cierta moral. Estas voces

 

han propuesto la participación societaria de la comunidad nativa. Con ello, no sólo se da propiedad a la población nacional de la empresa extractora, sino que el tenor del debate cambiaría radicalmente ya que los nativos podrían empezar a hablar como accionistas de lo que es conveniente para ambos, la empresa y la región. Obviamente, no es tema preferido de empresarios ni gobiernos deseosos de ganancias que favorezcan sus tan mentadas cifras macroeconómicas de crecimiento y de otros tipos de "crecimiento" y conveniencias egoístas de sector no tan comentados, por supuesto.

 

La Constitución Peruana, como muchas otras, empieza con una frase la cual evoca al Dios del Cristianismo. Se asume que los principios y valores portados por esa institución jurídica son por tanto bíblicos y entre otros promueve la propiedad privada y el libre mercado, regulado contra monopolios y cualquier condición no competitiva.

 

Pero no se puede parar de contar aquí. La realidad del resto de las normas constitucionales es que el Estado es soberano sobre los recursos, es decir propietario, lo que es anti bíblico y absolutamente incoherente con un esquema libertario; también puede tomar iniciativa empresarial, lo que es igualmente anti mercado y anti bíblico, y se ha dado en parte por la falta de entendimiento de nuestros pueblos, por un lado, de ideología, y por otro, de ignorar que las religiones son maneras de ver la vida, es decir, son ellas mismas ideologías que se instalan en una sociedad cuando la población las abraza, creando así instituciones de acuerdo a esas creencias.

 

Debido a la particular falta de contenido de la religión en Latinoamérica supuestamente cristiana el prólogo de la Constitución es casi un absurdo, ya que en ella se combinan elementos de todo tipo de origen, incluyendo el concepto "Estado propietario", el cual da lugar a toda clase de situaciones difíciles, facilitando el acuerdo a espaldas del pueblo, de gobiernos débiles o convenidos con empresas poco o nada identificadas con la nación. Es necesario revisar esos fundamentos, ya que el resurgimiento de las etnias es un hecho irrevocable, señal de los tiempos, y el esquema jurídico de no pocas naciones no facilita ni la unidad de sus sectores ni el desarrollo productivo libertario e inclusivo. La verdadera inclusión no empieza por redistribuir impuestos de las actividades de otro sino por la distribución primaria de la propiedad y con ella la posibilidad de constituirse en libre emprendedor. Allí tenemos una verdadera razón para un referéndum nacional y una reforma constitucional.

 

Debido a que la representatividad es tema débil en naciones de tradición autoritaria y también porque los conflictos son tomados por sectores socializantes como oportunidad para levantar sus banderas ideológicas, la solución al conflicto permanece velada entre disputas interminables que no llegan a tocar el meollo del asunto. Obviamente, no se puede cambiar al Estado Propietario ni borrarlo de un plumazo de las constituciones, pero sí se puede, con valor patriota, ya y de una vez por todas, dejar de vender a la Patria y al futuro de su pueblo. Mejor que discutir sobre cabeceras de cuenca es establecer que el verdadero poseedor de ellas, obligado por el Derecho y también por su propia conciencia y el compromiso con el futuro de sus propios hijos, sabrá mejor que nadie cómo administrarlas.

 

No podemos calcular el beneficio histórico que algo así traería a los pueblos. Es necesario ser verdaderamente inteligente… y creerle al Dios que encabeza, paradójicamente, las constituciones de los pueblos